Ecuador abre sus cielos a aerolíneas extranjeras y cambia las reglas del viaje

El jueves 24 de septiembre, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la nueva Ley Orgánica de Aviación Civil con 88 votos a favor y 60 en contra. El texto, impulsado por el oficialista bloque ADN y legisladores independientes, pasó al Ejecutivo, que tiene 30 días calendario para firmarlo u objetarlo. La norma reemplaza un marco legal de dos décadas y unifica disposiciones que estaban dispersas en el Código Aeronáutico y leyes anteriores.

Qué cambia para los pasajeros

La ley adopta una política de cielos abiertos. Las aerolíneas extranjeras domiciliadas en Ecuador podrán ofrecer vuelos domésticos sin constituirse como empresas locales y podrán contratar tripulaciones nacionales y extranjeras. Además, ya no necesitarán una autorización previa por ruta; bastará con tener un permiso de operador y notificar las rutas que planean volar. Según datos del proyecto, a noviembre de 2025 Ecuador tenía 327 frecuencias internacionales semanales, operadas por 12 aerolíneas hacia 16 destinos, y 243 frecuencias domésticas en 11 rutas.

Para los pasajeros, la norma establece un descuento del 50% en los boletos para adultos mayores y personas con discapacidad. Mantiene las tarifas diferenciales para residentes de las islas Galápagos y de la región amazónica, aunque Galápagos aún requerirá informes del Consejo de Gobierno. También incorpora reglas sobre reembolsos y derechos de pasajeros ante cancelaciones o cambios de itinerario.

Drones: reglas más estrictas

La ley regula por primera vez el uso de drones. Los equipos de más de 250 gramos quedan sujetos a controles obligatorios. Está prohibido volarlos en zonas sensibles, como centros de rehabilitación social, instalaciones militares y terminales aéreos. Las autoridades podrán incautar los dispositivos de inmediato si se detectan infracciones. Si viajas con dron a Ecuador, ten en cuenta estas restricciones.

La pelea por los aeropuertos

La gestión de la infraestructura aeroportuaria concentró el debate más intenso. La ley permite al Estado delegar excepcionalmente servicios aeroportuarios al sector privado mediante licitaciones públicas, pero solo cuando no tenga capacidad técnica, administrativa o financiera para operar un terminal. La propiedad de los aeropuertos no se transfiere; el Estado conserva la titularidad y la supervisión. La oposición, incluyendo al correísmo y al Partido Social Cristiano, criticó la medida, argumentando que busca intervenir en aeropuertos rentables como los de Quito y Guayaquil, que hoy son gestionados por sus municipios a través de concesiones.

El oficialismo defendió la norma señalando que el país invirtió USD 147 millones en terminales como Tena, Santa Rosa, Latacunga y Esmeraldas, que operan con pérdidas y no tienen un modelo de gestión óptimo. La intención declarada es impulsar el turismo y la economía local, aunque los promotores reconocen que la reducción de tarifas aéreas es una expectativa de mercado, no una obligación impuesta por la ley.

Para los viajeros chilenos, esta ley no implica un cambio inmediato en las rutas actuales, pero sí abre la puerta a que más aerolíneas operen en Ecuador y a que eventualmente haya más oferta de vuelos. Si planeas un viaje a ese país, conviene seguir de cerca las decisiones del Ejecutivo y las nuevas condiciones que se apliquen.

Con información de Aviacionline