Parques nacionales en Chile: déficit de $21 mil millones pone en jaque la conservación
Informe de Fundación Terram revela que el presupuesto 2027 para el SBAP está muy por debajo de lo estimado por la DIPRES en 2022.
El financiamiento de las áreas protegidas terrestres en Chile enfrenta una brecha crítica. Así lo advierte un nuevo informe de Fundación Terram, titulado “Emergencia en el Financiamiento Público para Áreas Protegidas Terrestres en Chile”, que analiza el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027. El documento detecta un déficit de más de $21 mil millones para el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), el organismo que desde su creación debería hacerse cargo de administrar estos territorios.
Un déficit que no se cierra
Según el informe, la Dirección de Presupuestos (DIPRES) estimó en diciembre de 2022 que el SBAP requería recursos adicionales por $43.925 millones para 2027. Sin embargo, el proyecto de presupuesto para ese año contempla solo $22.304 millones. Esto deja una diferencia de $21.621 millones, una cifra que no responde a un nuevo cálculo de necesidades, sino a una asignación menor a la comprometida originalmente.
El problema no es nuevo. Chile mantiene una inversión estructural en conservación muy por debajo del promedio de los países de la OCDE. Entre 2012 y 2021, el gasto público ambiental del país bordeó el 0,1% del PIB, mientras que el promedio de la OCDE alcanza aproximadamente el 0,6%. En financiamiento por hectárea terrestre, la situación también es crítica: en 2026 se destinaron US$1,31 por hectárea, una caída real del 43% respecto de los US$2,30 registrados en 2017, y por debajo del promedio regional de US$1,95.
Autofinanciamiento que no alcanza
Otro hallazgo relevante del informe es la creciente dependencia de los ingresos de operación —principalmente entradas y concesiones— para financiar las áreas protegidas que administra CONAF. Entre 2015 y 2026, esos ingresos representaron en promedio el 54,3% del financiamiento total, superando al aporte fiscal en todos los años excepto 2017. Esto deja al sistema expuesto a fluctuaciones en las visitas, emergencias o incendios, como ocurrió durante la pandemia de COVID-19 o las paralizaciones de guardaparques a fines de 2022.
El aporte fiscal, además, ha sido insuficiente para cubrir el gasto en personal. En promedio, alcanzó solo el 61,6% de las remuneraciones, y para 2027 se proyecta una cobertura de apenas 55,9%. Esto significa que los propios parques deben autofinanciar casi la mitad de los sueldos de sus trabajadores.
Transición incierta y guardaparques al debe
El traspaso de la administración de las áreas protegidas desde CONAF al SBAP, originalmente programado para septiembre de 2026, fue reprogramado para marzo de 2027 por el gobierno del Presidente Kast. El informe de Terram alerta sobre los riesgos de este proceso, entre ellos la incertidumbre respecto a la incorporación de los 570 guardaparques que la DIPRES contemplaba para terreno y la falta de certeza sobre los $10.120 millones destinados a infraestructura para alojar al personal.
Actualmente existe un guardaparque por cada 37.200 hectáreas, muy por debajo de la recomendación internacional de uno por cada 2.600 hectáreas. A esto se suma que solo seis de las 16 direcciones regionales del SBAP cuentan con un director titular; el resto opera con subrogantes. Para quienes visitan parques nacionales, reservas o monumentos naturales, esta situación se traduce en menos fiscalización, menor mantención de senderos y una experiencia que puede verse afectada por la falta de recursos.
Con información de El Ciudadano
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